Al menos quince personas murieron en Líbano tras el colapso de dos bloques de edificios, en el más reciente de una serie de derrumbes ocurridos este invierno, según informó BBC World en un avance informativo que ha encendido nuevas alarmas sobre la seguridad estructural en el país. Se trata, de acuerdo con el medio británico, del quinto siniestro de este tipo registrado desde que comenzaron las bajas temperaturas y las intensas lluvias de la temporada invernal.
Aunque por el momento no se han difundido detalles precisos sobre la ubicación exacta de los edificios derrumbados ni sobre la identidad de las víctimas, el balance preliminar de al menos quince fallecidos y un número indeterminado de heridos y desaparecidos sitúa este episodio entre los más graves de los últimos meses. Equipos de rescate, personal médico y voluntarios de la Defensa Civil libanesa habrían sido desplegados de inmediato en la zona, en un intento por localizar sobrevivientes entre los escombros, en un contexto de recursos limitados y servicios públicos debilitados por años de crisis económica.
Una cadena de derrumbes que inquieta al país
El colapso de estos dos bloques no es un hecho aislado. BBC World subraya que se trata del quinto derrumbe de edificios en lo que va del invierno, una cifra que ha despertado inquietud entre expertos, organizaciones profesionales y la población en general. En los últimos meses, se han reportado incidentes similares en distintos puntos del país, muchos de ellos asociados a construcciones antiguas, edificaciones levantadas sin los permisos adecuados o inmuebles que no han recibido mantenimiento básico durante años.
La reiteración de este tipo de tragedias ha alimentado la percepción de que existe un problema estructural más amplio: un parque inmobiliario envejecido, sometido a condiciones climáticas adversas, pero sobre todo afectado por décadas de débil supervisión estatal, corrupción y ausencia de una política sostenida de control de calidad en la construcción. Las advertencias de ingenieros, arquitectos y colegios profesionales sobre el deterioro de inmuebles residenciales y comerciales se han multiplicado, al tiempo que la presión pública sobre las autoridades se intensifica.
Señalamientos de negligencia y falta de control
Según el reporte de BBC World, cada nuevo derrumbe refuerza las críticas hacia las instituciones encargadas de verificar el estado de las edificaciones y de hacer cumplir las normas de construcción. Diversas voces dentro del país llevan tiempo denunciando que, en la práctica, la inspección de edificios es irregular, fragmentada y, en muchos casos, inexistente.
En Líbano, la aplicación de estándares de seguridad estructural ha sido históricamente desigual. La proliferación de construcciones informales, el levantamiento de pisos adicionales sin permiso y la modificación de estructuras originales sin supervisión técnica han sido prácticas frecuentes, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. A ello se suma la acusación recurrente de que la obtención de licencias de construcción y certificaciones de habitabilidad puede estar mediada por redes clientelares y pagos irregulares, lo que debilita la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas.
La temporada invernal, con lluvias intensas, vientos fuertes y, en algunas zonas, inundaciones, ha puesto a prueba un parque de viviendas ya frágil. Expertos consultados por medios locales han insistido en que las condiciones meteorológicas, si bien son un factor desencadenante, no explican por sí solas el colapso de estructuras que, en teoría, deberían soportar la climatología habitual de la región. El foco, señalan, debe ponerse en la calidad de los materiales empleados, el diseño original de los edificios, las sobrecargas añadidas a lo largo de los años y la absoluta falta de mantenimiento preventivo.
Un contexto de crisis económica y deterioro institucional
El problema de los derrumbes se inscribe en un contexto más amplio de crisis económica y deterioro institucional en Líbano. Desde 2019, el país atraviesa una de las peores crisis financieras de su historia, con una devaluación masiva de la moneda, altos niveles de pobreza y un colapso parcial de los servicios públicos. Esta situación ha tenido un impacto directo en la capacidad de los propietarios para mantener sus inmuebles, así como en la de las autoridades para inspeccionarlos y sancionar irregularidades.
Muchos edificios, especialmente en barrios de ingresos medios y bajos, presentan filtraciones de agua, grietas visibles, corrosión en elementos metálicos y sistemas eléctricos obsoletos. La subida de los costos de materiales de construcción y reparación, sumada al desplome del poder adquisitivo de los hogares, ha llevado a que numerosas comunidades pospongan intervenciones urgentes, aun cuando se detectan signos evidentes de deterioro.
Organizaciones civiles y expertos en desarrollo urbano han advertido que el riesgo de colapsos seguirá aumentando si no se implementan programas de evaluación masiva de la seguridad de las edificaciones, acompañados de mecanismos de financiación —subsidios, créditos blandos o ayudas específicas— que permitan a los propietarios acometer las reparaciones necesarias. Sin embargo, en un país con finanzas públicas extremadamente tensionadas y un sistema político fragmentado, la puesta en marcha de este tipo de políticas se enfrenta a numerosos obstáculos.
Memoria de catástrofes recientes
La preocupación por la seguridad estructural en Líbano no es nueva. El devastador estallido en el puerto de Beirut en agosto de 2020, que destruyó barrios enteros y dañó miles de edificios, dejó al descubierto la fragilidad del tejido urbano y la falta de control sobre instalaciones críticas y almacenes de materiales peligrosos. Aunque la naturaleza de aquella catástrofe fue distinta —una explosión masiva, no un derrumbe por deterioro—, el episodio reforzó la desconfianza ciudadana hacia la capacidad del Estado para proteger a la población y garantizar estándares mínimos de seguridad.
Desde entonces, se han multiplicado las evaluaciones de daños y las intervenciones de emergencia, muchas de ellas impulsadas por organizaciones internacionales y ONG. Sin embargo, gran parte de esas iniciativas se ha concentrado en las zonas directamente afectadas por la explosión, mientras que otros barrios y ciudades del país han quedado al margen de esfuerzos sistemáticos de inspección y rehabilitación.
Los recientes colapsos de edificios, incluyendo el que ha dejado al menos quince muertos, reactivan ese debate y llevan a algunos analistas a preguntarse si las lecciones de 2020 se han traducido realmente en políticas públicas sostenidas más allá de la respuesta inmediata a la tragedia.
Exigencias de transparencia y rendición de cuentas
Ante la falta de información detallada sobre el último siniestro, organizaciones de derechos humanos, colectivos vecinales y profesionales del sector de la construcción han reclamado que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre las causas del colapso. Piden que se determinen posibles responsabilidades penales o administrativas, tanto de propietarios como de funcionarios, en caso de que se confirme la existencia de negligencia, irregularidades en los permisos o incumplimiento deliberado de normas de seguridad.
La opinión pública libanesa, marcada por años de escándalos de corrupción y por la percepción de impunidad de las élites políticas y económicas, observa con escepticismo la capacidad de las autoridades para esclarecer estos hechos. Sin embargo, la magnitud de la tragedia y la sucesión de derrumbes durante el invierno han elevado el coste político de la inacción.
Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate y se espera la publicación de datos oficiales sobre el número definitivo de víctimas, el país se enfrenta de nuevo a una dura realidad: la combinación de crisis económica, deterioro urbano y debilidad institucional no solo erosiona la calidad de vida de la población, sino que, cada vez con más frecuencia, se traduce en pérdidas humanas evitables. El colapso de estos dos bloques de edificios, el quinto episodio de este tipo en lo que va de invierno, se convierte así en un símbolo de un problema más amplio que Líbano aún no logra encarar con la profundidad y la urgencia necesarias.